Con la entrada en boga de los modelos neoliberales en los países desarrollados se adopta en Colombia un modelo de prestación de servicios de salud que parte del supuesto falso de la competencia (no competitividad) como base del desarrollo de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Desde 1990 con la entrada en vigencia de la ley 10 de ese año, donde entre otras modificaciones se establece la estructura de los cargos del sector oficial y la descentralización administrativa del sector de la salud, comienza un devenir trágico de la salud frente a un modelo de competencia abierto, sin regulación real y con muchos perjudicados. A partir de la ley 100 de 1993 la regulación del estado se hace más en pro del usuario por medio de una serie de aseguradores que actúan como intermediarios y que, ante el desconocimiento de los profesionales de la salud permite a estos aseguradores establecer unos niveles tarifarios que no se conduelen con la realidad de los profesionales, por otro lado el creciente número de profesionales concentrados en los municipios más grandes más la migración de la población campesina empeoran el cuadro y obligan a los profesionales a vincularse en instituciones que cada vez reconocen menos valor por su actividad e implementan una serie de medidas de control adoptadas de modelos importados que terminan por derruir un débil modelo de atención achacándole el daño a los profesionales de la salud.