En la Argentina, el mercado de la atención de la salud posee una morfología típica que, desde la oferta, puede ser encuadrado dentro de la tipología del "oligopolio con diferenciación del producto y formación de precios bajo condiciones de competencia imperfecta" (Katz et al., 1993) Los grupos económicos intervinientes son las cámaras empresariales, asociaciones de clínicas y sanatorios, entidades médicas, etc, las que poseen diferente capacidad de presión y "lobby" político (Mera, 1998). Por el lado de la demanda, las diferentes obras sociales, enmarcadas en la actual Superintendencia de Servicios de Salud (ex-ANSSAL, ex-INOS) y la medicina prepaga, junto con el Estado nacional, provincial y municipal, actúan como oligopsonio. Por lo tanto cada uno de estos grupos, al interior del sector, busca mantener el status relativo adquirido, lo que lo induce a la concreción de prácticas restrictivas, constituyendo éstas las conductas visibles en la puja distributiva existente (Katz y Muñoz, 1988). La Argentina dispone de un adecuado caudal de recursos humanos, físicos y financieros para la salud; sin embargo tanto el atraso relativo de sus indicadores de mor-bimortalidad como cierta percepción negativa del sistema de salud por parte de la población manifiestan que la forma en que dichos recursos se utilizan resulta inoperante. No otra cosa señaló el Informe 200 de la OMS sobre la salud en el mundo, cuando apuntó que la Argentina se ubicaba 49 entre los 191 países estudiados teniendo en cuenta los logros globales en materia de salud, pero descendía al puesto 75 cuando se consideraba lo que podría haber alcanzado con los recursos por ella disponibles. En efecto el gasto en salud medido como proporción del PBl ubica a la Argentina en el nivel de países avanzados y por encima de los países en desarrollo aun cuando el gasto por habitante es significativamente inferior, por efecto del diferente nivel de actividad del país y de la política cambiaria.