En la provincia de Santa Fe, Argentina, la interrupción legal del embarazo (ILE) es una política de salud pública que se vio fortalecida luego del año 2013 con la provisión gratuita de misoprostol en las farmacias hospitalarias, facilitando su realización ambulatoria en edades gestacionales menores de 12 semanas. Esta investigación releva algunas oportunidades y barreras percibidas por profesionales de efectores del primer nivel de atención de la gestión provincial, para realizar la práctica en las condiciones sugeridas por el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación del año 2015. Estudio exploratorio, descriptivo, cuantitativo y transversal. Se realizó en los años 2015 y 2016, utilizando una encuesta multiple-choice que indagaba la presencia de barreras y oportunidades técnicas, en el acceso a la medicación y en la articulación con otras áreas. Relevó planteles del 68.5% (37) de los efectores provinciales del primer nivel de atención, ubicados en los tres municipios más poblados de la subregión sanitaria Santa Fe.

La muestra quedó conformada por 117 profesionales de:

enfermería (36), medicina (34), psicología (23), trabajo social (20), y licenciatura en obstetricia (4). El 41.8% de las participantes acompañó a alguna mujer en situación de ILE (49); casi un tercio de ellas (30.6%) asistió además a otro equipo; dos tercios de las médicas que acompañan tiene experiencia en el uso de misoprostol. La articulación se realiza fundamentalmente con hospitales y otros centros de salud. El asesoramiento interinstitucional es considerado de buena calidad, y se solicita mayormente a los ámbitos de gestión provincial. Los principales obstáculos son, en orden de importancia; falta de experiencia en el acompañamiento, dudas legales y/o procedimentales, y objetores de conciencia no registrados públicamente. La investigación sugiere la paulatina implementación de esta política, identifica aspectos a ser mejorados, y genera interrogantes para posteriores estudios