Las graves consecuencias psicofísicas de la violencia ejercida por funcionarios de seguridad del Estado ameritan una respuesta diferencial por parte del sistema público de atención en salud. Este estudio exploró las intervenciones realizadas hacia personas víctimas de hechos de violencia institucional en los servicios de guardia y de salud mental de 10 hospitales públicos en 4 jurisdicciones del país. A través de 138 entrevistas a profesionales se exploraron concepciones y abordajes en este tipo de casos. En los servicios de guardia, el 51% de los entrevistados refirió haber atendido personas afectadas por hechos de violencia institucional; fue evidente que su intervención se limita a aspectos netamente médicos. En los servicios de salud mental el 51% refirió haber atendido a personas víctimas; allí se evidenció una mayor problematización de los hechos aunque no articulan intervenciones integrales. Los principales factores que inciden en la falta de abordajes integrales son; la desestimación de la versión dada por las personas sobre la violencia vivida; los prejuicios hacia las personas atendidas cuando se presume que cometieron algún delito; la influencia de la presencia policial durante la atención; la insuficiencia de recursos institucionales para el abordaje y el seguimiento del caso; y el temor al cuestionamiento del accionar policial o a la interacción con el sistema de justicia. En conclusión, la dificultad para identificar a una persona como potencial víctima de violencia institucional está relacionada con; la nula capacitación sobre el tema; la inexistencia de protocolos que establezcan circuitos de identificación, atención, registro y articulación permanente, directa y expedita con fiscalías, defensorías y juzgados. Todo ello sostiene a la policía como único receptor de denuncias e impide la intervención tendiente al restablecimiento de la integridad psicofísica de las personas víctimas